No lo hablamos, no lo vemos, no existe. En apariencia, porque el maltrato a las personas con discapacidad intelectual es una realidad vergonzosa.
Y vuelve a estar en la palestra por la denuncia de funcionarios del centro Alihuén de Coanil, institución que atiende a personas con discapacidad intelectual, de maltratos a 9 jóvenes. Tres aparecen en un video.
El instituto nacional de derechos humanos se querelló por torturas. La Justicia tomó medidas cautelares mientras investiga. Y el Sename anunció el cierre del lugar.
Lo Insólito, es que Coanil defiende esos procedimientos de tenerlos inmovilizados 1 o 2 horas en una camilla aunque se orinen en su pantalones. Sostiene que son parte de un protocolo. Como dijo el dir del INDH, si está protocolizado igual es tortura.
Se trata de un centro que depende del Sename porque llegan ahí personas derivadas por el sistema de “protección” o en este caso de “desprotección” estatal.
De fondo: el escaso valor que Chile le da a las personas con discapacidad intelectual. No tienen voz y rara vez voto. No deciden sobre su patrimonio. Viven en el patio trasero del desarrollo.
Son la última prioridad de las políticas públicas, de una sociedad y un Estado que decide POR ellos. No debiera escandalizarnos sólo este caso.
También violaciones cotidianas a los DDHH de las personas con discapacidad intelectual: que no tengan trabajo, educación o que no decidan sobre su patrimonio. Y todo eso… preferimos no verlo.
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