El Proyecto Minero Dominga es una especie de mono porfiado, ha enfrentado dos comités de ministros, ha enfrentado dos fallos del Tribunal Ambiental de Antofagasta y ahí sigue en pie. Enfrenta además sospechas sobre eventual corrupción en la tramitación de una causa judicial que en su momento tuvo a la vista el fiscal Manuel Guerra y que involucraba al expresidente Sebastián Piñera y también a los controladores iniciales, Carlos Alberto Delano y su familia.
Lo cierto es que ayer, con un severo reproche, el Tribunal Ambiental anuló lo resuelto en enero del año 2023 por el comité de ministros que se reunió ya en esta administración, la del presidente Gabriel Boric. Entre otros argumentos, dijo que el propio presidente y por lo menos dos de los ministros que se pronunciaron habían tenido un pronunciamiento anterior respecto de este proyecto y lo habían calificado negativamente, así es que había una especie de cuestión previa que los hacía inhábiles para un pronunciamiento de este tipo.
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Hay que decir que este es uno de los proyectos de desarrollo que entra en conflicto con el tema ambiental más emblemático de nuestro país. Diez años de tramitación para la construcción de dos minas, para la extracción de concentrados de hierro y cobre y un megapuerto para exportar su producción.
Y uno se pregunta si estas son cuestiones de decisión técnica, afecta o no afecta a la biodiversidad, cuán dispuestos estamos a esa afectación por un proyecto de inversión. Son discusiones que tienen un ámbito político y también un ámbito judicial, pero tienen distintos capítulos, vamos y volvemos, entonces resulta evidentemente insuficiente la institucionalidad que nos hemos dado en materia medioambiental, que es algo que todos comparten, tanto así que hay proyectos que buscan modificar la aprobación de los proyectos de inversión que tienen afectación ambiental.
Son sumamente complejos, tienen una componente política y de hecho la propia ministra del medioambiente, Maíza Rojas, y el exministro Marcelo Mena han dicho que debiera eliminarse la figura de los comités de ministros. Sin embargo, aquí estamos nuevamente, hay una instancia de apelación para este proyecto que se convierte, como digo, en uno de los más emblemáticos de la incomprensible institucionalidad ambiental que nos sigue rigiendo.
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