Miembros del Tren de Aragua dedicados a los secuestros en prisión preventiva hasta que cinco de ellos son dejados en libertad previo pago de $5 millones.
La jueza llama la atención al representante de la Fiscalía durante la revisión de cautelares y le dice que no está preparado y él lo admite. Escándalo nacional, obvio. Se abre investigación penal.
Vergonzoso que alegara por la Fiscalía un abogado que llevaba cinco meses en su trabajo y que o no estaba preparado o bien había sido amenazado, hipótesis dada a conocer por el fiscal nacional.
No hay cómo no pensar que todo está mal. En una causa de esa relevancia no se pone a aprendices. Y si él hubiera sufrido amenazas, debía dar cuenta de ellas y no presentarse a la audiencia o pedir protección. La cabeza del Ministerio Público debe tomar medidas.
Tampoco podría lavarse las manos la jueza: entre que se decretaron las cautelares y esta revisión, nada había cambiado. Si el abogado de la fiscalía no sabía defender eso, bueno, la magistrada sí lo sabía. Y también de la peligrosidad de los sujetos.
Es válido preguntar: si esto pasa en un caso relevante, ¿qué puede llegar a ocurrir en el resto de las causas?
Más que dedicar mucho tiempo a atacar a instituciones cuando persiguen penalmente a los propios o algunos minutos a leyes del pajarete o del salero, los políticos deberían escandalizarse y analizar qué ocurrió aquí.
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