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Punta Peuco: Ministro de Justicia dice que “no hay justificación” para que condenados “tengan tratamiento y un penal especial”

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En su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric anunció la modificación de Punta Peuco, que pasará a ser una cárcel común y sin privilegios.

El mandatario dijo que instruyó al Ministerio de Justicia “modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común, que permita segregar a las personas según los requerimientos de Gendarmería”.

A la fecha, permanecen recluidos condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.

De ese modo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó en CNN Chile Radio los pasos a seguir para la transformación del recinto y remarcó que “no hay ninguna justificación para que este sea un penal especial, no hay ninguna justificación razonable para que las personas que violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar tengan un tratamiento especial y tengan un establecimiento penal especial para ello”.

Consultado sobre los problemas de salud o la avanzada edad de los condenados, la autoridad respondió que lo que se hace es transformar un establecimiento penal especial en uno común y que así como en Punta Peuco hay condiciones de salud específicas que pueden requerir mayor cuidado, esta situación también ocurre en otros recintos.

“Así como hay adultos mayores en Punta Peuco, también hay en otros penales. Entonces no tiene sentido que por el hecho de haber cometido un delito durante la dictadura militar, o sean exuniformados, tengan un penal especial para esas personas. Y eso es precisamente lo que se cambia con esta decisión y eso es lo que vamos a realizar durante lo que nos queda de mandato”, dijo.

En ese sentido, el objetivo es que deje de existir como un establecimiento especial para personas que “cometieron graves delitos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y pasa a ser un establecimiento penal común donde Gendarmería realiza las labores de segregación y de poblamiento conforme a los criterios generales que tiene para todos los establecimientos”.

En relación con los plazos para esta transformación, indicó que se espera su ejecución antes del término del mandato del presidente Boric.

El primer paso, según detalló, es dictar la modificación del Decreto Supremo que creó el establecimiento especial de Punta Peuco. Ese documento debe ser ingresado a Contraloría General de la República, que tiene que tomar razón y posteriormente se publica en el Diario Oficial.

Una vez realizado ese trámite, el Ministerio de Justicia puede iniciar el proceso de segregación y “eventualmente un poblamiento distinto al que tiene conforme a los criterios técnicos que establezca Gendarmería”.

¿Podría haber conmutación de la pena?

El ministro Gajardo también fue consultado sobre la posibilidad de conmutar las penas, en medio de la modificación de Punta Peuco.

A ello, respondió que esto es algo que “se solicita permanentemente. Las personas que están en ese establecimiento penal, como en otras, piden las rebajas de condena y esto se analiza caso a caso“.

De todos modos, subrayó que el Ministerio ha planteado un criterio -sobre el cual ha estado de acuerdo la Corte Suprema- y es que “las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, no corresponde jurídicamente que se les otorgue una rebaja de condena”.

“Las rebajas de condena, por ejemplo, tienen excepciones. Las personas que cometieron delitos sexuales a menores de edad no tienen, por así decirlo, derecho a la rebaja de condena, entre otros. Y tampoco las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son los crímenes más graves, tanto en la legislación penal nacional, como en la legislación penal internacional”, profundizó.

En ese sentido, afirmó que “la humanidad se ha puesto de acuerdo en decir, estos crímenes no se deberían cometer bajo ninguna circunstancia. Y las personas que están en ese penal especial cometieron esos crímenes y cometieron esos crímenes dictaminados por la justicia nacional”.

Si bien apuntó a que, en ciertos casos corresponde que se hagan excepciones, “la Corte Interamericana de Derecho Humano ha señalado que rebajar condena a criminales de lesa humanidad, o rebajar condena a violadores de los derechos humanos durante o en contexto de dictadura, puede ser una forma de impunidad. Entonces, por lo mismo, la Corte Suprema también ha entendido que no corresponden las rebajas de condena en estos casos”.

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