Urrejola y cierre del programa Red Calle Niños: “Es importante que el Estado contemple recursos para este tipo de iniciativas”

“Niños y niñas en situación de calle versus el Estado de Chile”. Ese es el nombre de la presentación de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interpone la ONG ACHNU, que desde el año 2020 atiende a niños, niñas y adolescentes en situación de calle a través del programa Red Calle Niños del Ministerio de Desarrollo Social.

Durante cuatro años este programa, licitado por el gobierno anterior, les ofreció una red integral de cuidado y atención que ha tenido resultados positivos comprobables, como menor consumo de sustancias, así como mayor adhesión a las iniciativas disponibles para su reinserción por parte del Estado y otras organizaciones.

En el presupuesto del año 2024, Red Calle Niños, que es la única iniciativa que financia el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, se quedó sin fondos y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó a las organizaciones que lo ejecutaban, como ACHNU, que este programa llega a su fin en diciembre del 2024.

El impacto en los beneficiarios de Red Calle Niños es grande, ya que además concurren voluntariamente a las actividades, no por una orden judicial y no son personas institucionalizadas en el ex Sename.

Ahora el programa terminará. Uno podría suponer que porque el gobierno prefiere centralizar los recursos en los programas estatales para la atención de niños vulnerables, con todo lo que eso implica; la institucionalización, las vulneraciones a las que eso está asociado y la pérdida de agencia también de personas que, viviendo en una situación tan deficitaria como estar en la calle, concurren voluntariamente a programas donde pueden hacer mejoras.

Así como hay fundaciones y dineros aportados por privados para trabajar con niños en situación de calle, es importante que el Estado siga contemplando recursos para este tipo de iniciativas con el tercer sector. Veremos cómo se pronuncia la Comisión Interamericana, que ha revisado casos de vulneración de derechos en el Sename y que ha terminado judicializando esos casos en contra del Estado de Chile.