La millonaria sentencia contra Greenpeace que pone en riesgo su operación en Estados Unidos

(CNN) – El miércoles, un jurado de Dakota del Norte declaró a Greenpeace responsable de millones de dólares en daños a una empresa gigante de oleoductos en relación con las protestas contra el oleoducto Dakota Access hace casi una década.

Energy Transfer Partners, con sede en Dallas, demandó a Greenpeace por 300 millones de dólares en 2019, acusando al grupo ambientalista de planificar las protestas, difundir información errónea y causarle pérdidas financieras a la empresa a través de daños a la propiedad y pérdida de ingresos.

Después de un juicio que duró tres semanas, el jurado de nueve personas tardó dos días en emitir su veredicto.

El resultado es un duro golpe para la organización ambientalista de 50 años de existencia, que anteriormente había dicho que el caso podría llevar a la quiebra sus operaciones en Estados Unidos, y los expertos dicen que podría tener consecuencias escalofriantes para la libertad de expresión.

“Creo que esta es una de las peores decisiones sobre la Primera Enmienda en la historia de Estados Unidos”, dijo Marty Garbus, abogado de derechos civiles que ha estado siguiendo el juicio. “La decisión es incomprensible”.

Todavía no está claro si Greenpeace apelará.

La demanda giró en torno a las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access cerca de la reserva siux de Standing Rock en 2016 y 2017. Los siux de Standing Rock se opusieron ferozmente al oleoducto, diciendo que pondría en peligro el río Misuri, su fuente de agua, y dañaría tierras tribales sagradas.

Miles de personas, incluidos representantes de más de 100 tribus y docenas de organizaciones sin fines de lucro, se unieron a la protesta que duró meses.

Energy Transfer acusó a Greenpeace de llevar a cabo un plan para detener la construcción del oleoducto. Durante las declaraciones iniciales del juicio, el abogado de la empresa, Trey Cox, acusó a la organización de pagar a personas externas para que fueran a la zona a protestar, organizar capacitaciones para manifestantes y hacer declaraciones difamatorias sobre el oleoducto.

“Hoy, el jurado emitió un veredicto contundente, declarando que las acciones de Greenpeace son incorrectas, ilegales e inaceptables según los estándares sociales. Es un día de ajuste de cuentas y rendición de cuentas para Greenpeace”, declaró Cox en un comunicado.

Este veredicto constituye una contundente afirmación de la Primera Enmienda. La protesta pacífica es un derecho inherente a los estadounidenses; sin embargo, la protesta violenta y destructiva es ilegal e inaceptable, declaró Cox.

Greenpeace, sin embargo, dijo que la acusación era un ataque apenas velado a la libertad de expresión y de protesta y era un intento de responsabilizar al grupo por todo lo que sucedió en una protesta a la que asistieron miles de personas, la mayoría de las cuales no tenían conexión con Greenpeace.

Los abogados del grupo argumentaron que solo tuvo un papel menor en la protesta, enseñando técnicas de acción directa no violenta a petición de los organizadores indígenas. En relación con las presuntas declaraciones difamatorias, Greenpeace argumentó que estas afirmaciones habían sido ampliamente difundidas en los medios de comunicación antes de que la organización las comentara.

“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión”, dijo Deepa Padmanabha, asesora legal principal de Greenpeace Estados Unidos.

El mes pasado, Greenpeace Internacional, con sede en los Países Bajos, presentó su propia demanda contra Energy Transfer en un tribunal holandés utilizando la legislación anti-SLAPP de la Unión Europea, buscando recuperar los daños y costos en los que la organización ha incurrido como resultado de las demandas de la empresa.

“La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy, y sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace Internacional seguirá luchando por un futuro verde y pacífico. Energy Transfer no nos ha dejado solos en esta lucha”, declaró Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional, en un comunicado.