(CNN) — Las Fuerzas Armadas de Estados unidos llevaron a cabo un ataque letal contra un barco en el Pacífico oriental el martes, en el que murieron las dos personas a bordo, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El ataque contra el buque en el Pacífico —el octavo conocido por parte de EE.UU. contra presuntos narcotraficantes desde principios de septiembre— parece marcar una expansión de la campaña militar estadounidense, ya que los siete ataques anteriores se dirigieron contra barcos en el mar Caribe.
“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, declaró la autoridad este miércoles.
Hegseth afirmó que el barco atacado en el Pacífico estaba “operado por una Organización Terrorista Designada y realizaba narcotráfico en el Pacífico oriental” y que “nuestra inteligencia sabía que estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba narcóticos”.
Y añadió que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque y comparó a los narcotraficantes con Al Qaeda.
“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió.
El Gobierno de Donald Trump ha emitido una opinión legal clasificada que busca justificar ataques letales contra una lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes, según informó CNN.
La opinión es relevante, según informaron previamente expertos legales a CNN, porque trata a los narcotraficantes como combatientes enemigos que pueden ser ejecutados sumariamente sin ningún tipo de revisión judicial.
Estados Unidos atacó al menos otros dos buques la semana pasada en el Caribe, uno de los cuales no causó la muerte de todos los que estaban a bordo. En lugar de retener a dos supervivientes detenidos por la Armada estadounidense tras uno de esos ataques, Estados Unidos los repatrió a sus países de origen, Ecuador y Colombia.
La situación podría plantear un dilema legal y político para la administración, ya que no estaba claro qué autoridad legal podría invocar a las fuerzas armadas estadounidenses para detenerlos indefinidamente.
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