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Caso de violentos maltratos contra profesional TEA: ¿A qué se arriesga quien no denuncia un hecho así?

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El caso del exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno con Condición del Espectro Autista (CEA) ha generado conmoción, debido a las diversas vejaciones a las que habría sido expuesto por parte de sus compañeros de trabajo.

¿A qué penas se enfrentan los presuntos agresores?

El académico de Derecho Administrativo de la Universidad San Sebastián (USS), Alejandro Gómez, explicó en CNN Chile, que en este caso pueden distinguirse dos dimensiones de responsabilidad: la de quienes habrían cometido directamente los hechos y la de quienes, teniendo conocimiento de ellos, omitieron su deber de denuncia.

Respecto a los primeros, un sumario administrativo puede derivar en sanciones que van desde la censura y la multa, hasta la suspensión del cargo por un período de 30 días a tres meses, o incluso la destitución, según la gravedad de la falta.

“Ahora bien, si los hechos constituyen un delito, como los que podrían calificarse como tortura, la responsabilidad se amplía al ámbito penal, donde este ilícito se sanciona con penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio (de cinco años y un día a 15 años), conforme a la Ley N° 20.357”, detalló Gómez.

Por otra parte, subrayó que los funcionarios públicos están obligados a denunciar oportunamente todo hecho delictivo del que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, poniendo los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

“Si esta obligación se incumplió en su momento, quienes omitieron la denuncia se exponen tanto a sanciones administrativas, por infringir sus deberes funcionarios, como a sanciones penales por omisión de denuncia, que se castigan con multas de 1 a 4 UTM”, agregó.

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Respecto a la decisión de la Fiscalía Local de Osorno de iniciar la investigación de oficio, Gómez explicó que debería abarcar a los presuntos responsables, así como a quienes habrían omitido su obligación de denuncia.

“En definitiva, corresponderá a la Fiscalía investigar los hechos y, en su caso, a los tribunales sancionarlos penalmente si se acreditan responsabilidades. Paralelamente, la Contraloría, en ejercicio de su control, podrá ordenar la instrucción de los sumarios correspondientes al interior del Hospital, con el fin de indagar eventuales incumplimientos de los deberes funcionarios y, de comprobarse infracciones, aplicar las sanciones previstas en el Estatuto Administrativo”, remarcó.

Por último, señaló que la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de someter a control extraordinario de legalidad la resolución del recinto hospitalario que puso término al sumario administrativo reviste igual relevancia.

“Esta medida busca verificar que el procedimiento disciplinario se haya ajustado a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso y, en caso contrario, determinar las eventuales responsabilidades de quienes hubieran incumplido sus deberes funcionarios, ya sea por omisión de denuncia u otras infracciones”, concluyó.

La respuesta del hospital

El Hospital Base San José de Osorno emitió una declaración respecto al caso, detallando que los hechos se remontan al período 2018-2020.

En ese entonces, la Dirección que estaba a cargo realizó un primer proceso de sumario, el cual “no arrojó sanciones administrativas para los implicados”.

No obstante, en 2024, la nueva Dirección tomó conocimiento de antecedentes adicionales y decidió reabrir la investigación. Además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por “hechos que revisten eventual carácter de delito”.

El hospital precisó que el proceso disciplinario se encuentra actualmente en etapa de notificación a los funcionarios implicados, aplicando medidas ajustadas a la gravedad de los hechos.

Crédito: Hospital Base San José Osorno

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