A mediados de julio, cuando aún no se confirmaba la aplicación de una dosis de refuerzo, Alejandro Gil, presidente del directorio de Clínica Las Condes (CLC), causó polémica tras haber sido inoculado con un dosis extra a su esquema ya completado de vacunación contra el COVID-19.
A partir de ahí, comenzó una investigación, que fue impulsada por el Gobierno aludiendo a “apropiación indebida” por parte de la autoridad máxima de la mesa directiva.
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Finalmente, a poco más de un mes del episodio y tras analizar la respuesta por parte de la CLC, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana dio a conocer las sanciones correspondientes, tanto para el propio centro de salud privado, como para el director técnico Rodrigo Mardones.
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La clínica deberá enfrenar una multa de 600 UTM, es decir, aproximadamente $31.300.000. Mardones, en tanto, será obligado a pagar 150 UTM, unos $7.800.000.
En tanto, el funcionamiento del vacunatorio que operaba hasta antes del hecho en el centro salud del sector oriente, seguirá suspendido, al menos hasta que exista una resolución favorable por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
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