Sigue la polémica por los millonarios traspasos de dineros realizados desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) hacia el Ministerio de Hacienda.
Esto, luego que se revelara que en 2023 la Secretaría de Estado requirió traspasos extraordinarios por más de 3,4 billones de pesos argumentando que estaba “copado el nivel de endeudamiento” del país.
Entonces, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar uno de los traspasos señalando que su deber era “resguardar el patrimonio” de la institución.
Corfo respalda millonaria transferencia a Hacienda
Fue la propia corporación la que emitió un comunicado refiriéndose a la polémica. En este, indican que “el alza histórica de los precios del litio registrada en los años 2022 y 2023 generó ingresos excepcionales tanto para Corfo (por los pagos que realizan las empresas que explotan el Salar de Atacama) como para el Tesoro Público (por concepto de impuestos)”.
“Los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios. Estos fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente“, añadieron.
Del mismo modo, indicaron que “resulta fundamental remarcar que la liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el Consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución“.
“Finalmente, resulta necesario remarcar que corresponde a quien ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo resguardar, procurar hacer crecer y utilizar siempre de la manera más eficiente y eficaz posible el patrimonio de la Corfo para los fines propios de la Corporación, sin que ello implique, en ningún caso, desconocer las atribuciones legales o las legítimas preocupaciones que puedan orientar la actuación de otras autoridades de gobierno”, sentenciaron desde Corfo.
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