La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) confirmó que presentará un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la conducta del presidente Gabriel Boric.
Ello, luego de que este se refiriera en redes sociales a recientes declaraciones de la exalcaldesa de Providencia y actual precandidata presidencial, Evelyn Matthei.
La controversia se originó tras los dichos de Matthei sobre el golpe de Estado de 1973, que calificó como “inevitable”, además de relativizar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los primeros años del régimen militar.
En respuesta, el presidente Boric publicó el 16 de abril, a las 13:08 horas, un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter).
“El golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Democracia siempre”, afirmó el mandatario.
El golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea.
Democracia siempre.
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 16, 2025
Frente a estas publicaciones, desde la UDI cuestionaron la intervención del jefe de Estado.
“Si el presidente, en sus horarios de trabajo, utilizando recursos públicos, está criticando y haciendo política atacando a una precandidata presidencial, el mensaje es claro. Todos los demás funcionarios van a hacer lo mismo”, declaró el diputado y jefe de bancada del partido, Henry Leal.
“A esto hay que ponerle coto ahora. Los funcionarios públicos no pueden emitir opiniones políticas en su trabajo. Él es el que tiene que cumplir primero con la ley y la Constitución”, concluyó.
Además, sostuvo que recurrirán a la Contraloría por considerar que el presidente habría infringido los principios de apoliticidad y probidad administrativa al emitir juicios políticos en horario laboral y utilizando recursos del Estado.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial desde La Moneda frente al anuncio de la acción ante el órgano contralor.
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