Funcionarios del Congreso acusan “cacería de brujas” tras anuncio de fiscalización por uso de licencias médicas

La Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile expresó su profunda preocupación ante la fiscalización anunciada respecto al uso de licencias médicas en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras se encontraban con licencia entre 2023 y 2024.

Desde la organización cuestionaron duramente la forma en que esta medida fue comunicada públicamente, sin diálogo previo con los sindicatos, y advirtieron que podría vulnerar derechos fundamentales. Uno de los puntos que más alarma genera es la posible colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) con la entrega de datos personales sensibles, como desplazamientos físicos de trabajadores, sin orden judicial ni amparo legal.

“La PDI no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo. No existe habilitación normativa para requerir tales antecedentes a un órgano policial”, señalaron en un comunicado, el cual fue presentado ante el presidente de la Cámara, José Miguel Castro.

Asimismo, manifestaron inquietud por la eventual extensión de esta investigación a trabajadores parlamentarios que no pertenecen a la planta institucional, como asesores, periodistas o secretarias, muchos de los cuales desarrollan sus funciones bajo contratos flexibles o en régimen remoto.

“La investigación desconoce la autonomía técnica y territorial del trabajo parlamentario, además de las condiciones contractuales específicas que no exigen presencia física en el Congreso”, agregaron.

Si bien la asociación reconoció la necesidad de fiscalizar y de sancionar el uso fraudulento de licencias médicas, advirtió que los procedimientos deben ejecutarse con seriedad, sin fines mediáticos ni políticos.

“Nos preocupa que se instrumentalice una iniciativa legítima en una ‘cacería de brujas’, sin el debido respeto por la legalidad y los derechos laborales”.

Finalmente, instaron a revisar los protocolos internos frente a las crecientes licencias médicas asociadas a problemas de salud mental y recalcaron que cualquier exigencia de mayor control debe ir acompañada de mejoras en las garantías y condiciones laborales del personal parlamentario.