El Gobierno ingresó este martes al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, iniciativa que tendrá un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026, según detalla el propio Ejecutivo.
El texto, de 167 páginas, formaliza el acuerdo alcanzado hace tres semanas entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público y se da en medio de cuestionamientos de la oposición, que ha advertido posibles “amarres” en materias laborales ante el próximo cambio de administración.
El proyecto fija un reajuste nominal de 3,4% para los funcionarios estatales, el que se aplicará en dos etapas: un 2% a contar del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año.
De acuerdo con el informe financiero, la iniciativa implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen.
Aguinaldos y bonos incluidos
La propuesta también reajusta el aguinaldo de Navidad para los funcionarios públicos activos. Este ascenderá a $71.206 para quienes perciban hasta $1.060.493 líquidos mensuales, y a $37.666 para quienes superen ese monto y no excedan los $3.511.800.
En el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias, los montos se fijan en $91.682 para quienes reciban menos de $1.060.493 líquidos y en $63.645 para quienes estén sobre ese umbral y bajo los $3.511.800.
- Reajuste de 3,4% dividido en dos etapas.
- Costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026.
- Reajuste de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias.
- Actualización de bonos de escolaridad, vacaciones e invierno.
El proyecto incorpora además una serie de disposiciones misceláneas. Entre ellas, se posterga hasta 2027 el reavalúo de propiedades habitacionales y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo a Correos de Chile incursionar en logística y a ENAP desarrollar actividades vinculadas al hidrógeno verde.
Asimismo, se establece la prórroga del teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo.
En materia laboral, el texto precisa que no se puede suspender el pago de asignaciones ni exigir reintegros a dirigentes de asociaciones de funcionarios por el uso de permisos. También señala que las asambleas de estas organizaciones deberán realizarse “preferentemente” fuera del horario laboral.
Finalmente, el proyecto incorpora excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios de 75 años o más, permitiendo que puedan ejercer cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, así como funciones de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, cargos de exclusiva confianza y cargos de elección popular.
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