En un tenso intercambio sobre la reducción del gasto fiscal, José Antonio Kast defendió el aporte estatal a las pensiones de las Fuerzas Armadas, que representa el 1% del PIB para 175 mil beneficiarios, frente al 2.4% del PIB que destinan las pensiones solidarias y la PGU para 2.3 millones de personas.
Ante la interpelación por este desbalance, el candidato republicano afirmó que “no vamos a retroceder en ningún derecho social” y se negó a detallar posibles ajustes, argumentando que “vamos a mejorar todo” sin especificar cómo financiaría dichas mejoras.
La controversia del gasto castrense
Kast evitó responder cuánto representa exactamente el gasto en pensiones militares y cuestionó si su interlocutor imaginaba “un Chile sin ejércitos, sin Fuerzas Armadas”.
La discusión evidenció la resistencia del candidato a modificar este ítem presupuestario, incluso cuando se le contrastó con el monto promedio de la PGU (216 mil pesos) versus el promedio de las pensiones castrenses (alrededor de 1.350.000 pesos). Kast insistió en que su gobierno priorizaría tanto la seguridad como los derechos sociales, sin ahondar en compensaciones fiscales.
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