El comercio ilegal ha experimentado un auge preocupante en los últimos años, con un notable incremento tras la pandemia. Según datos presentados por la Cámara Nacional de Comercio, el contrabando en Chile ha alcanzado niveles críticos, especialmente en el mercado de cigarrillos, donde se estima que uno de cada dos productos vendidos proviene del comercio ilegal. Esto no solo significa una evasión fiscal millonaria, sino también un riesgo latente para la salud pública, ya que muchos de estos productos no cumplen con las regulaciones sanitarias.
Este problema va más allá de las ventas informales en las calles. Las autoridades y expertos advierten que detrás del contrabando se esconden redes de crimen organizado que financian otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas. “No estamos hablando de pequeños comerciantes, sino de organizaciones transnacionales que operan en varios países”, señalaron desde el Observatorio de Comercio Ilícito, subrayando la urgencia de reforzar la fiscalización en los pasos fronterizos.
Además de cigarrillos, productos como cosméticos, remedios e incluso juguetes se están comercializando de manera ilegal, sin los controles necesarios para garantizar su seguridad. Esto puede tener consecuencias graves, especialmente para la salud de los niños y otros consumidores vulnerables que confían en la calidad de los productos que adquieren. Durante el foro, varios asistentes expresaron su preocupación por la falta de control en la venta de medicamentos falsificados y productos de baja calidad.
La Cámara Nacional de Comercio ha intensificado sus esfuerzos para combatir este fenómeno, actuando como un puente entre el sector privado y las autoridades. A través de campañas de concientización, buscan educar a los consumidores sobre los riesgos de apoyar el comercio ilegal. Comprar en la calle, aseguran, no solo daña a los negocios formales, sino que también alimenta las arcas de organizaciones criminales.
Finalmente, los expertos coincidieron en que es esencial mejorar la cooperación entre el sector público y privado para frenar el avance del contrabando. Esto incluye aumentar la fiscalización, endurecer las penas y promover la educación ciudadana para evitar que la población siga contribuyendo involuntariamente al financiamiento de actividades ilícitas. La situación, concluyeron, requiere una acción inmediata para proteger tanto la economía como la seguridad del país.
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