La ministra del Interior, Carolina Tohá, ingreso su contestación a la acusación constitucional que parlamentarios del Partido Republicano interpusieron en su contra, a través de la cual buscan responsabilidades a propósito de la situación de la seguridad en el país.
En el documento de 174 páginas, la secretaria de Estado explicitó por qué ve como improcedente la acusación constitucional en su contra, entregando argumentos de derecho sobre las características de dicha herramienta fiscalizadora.
Previo a los capítulos que mencionan la acusación en sí, en su contestación la ministra plantea que los presupuestos mencionados caen en una “imputación genérica, con amplias e inespecíficas descripciones de hechos y de la situación nacional”, algo que a su juicio merma la capacidad de defensa.
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Con ello, la contestación añade: “los acusadores no dan cumplimiento a uno de los presupuestos esenciales para la procedencia del libelo acusatorio: la determinación clara y precisa de los hechos que se invocan para su concurrencia”.
Otro de los argumentos que blandea la ministra del Interior es que la información que sostiene la acusación es expuesta “de manera parcial y sesgada”, mencionando que incluso hay proyecciones realizadas por los mismos parlamentarios acusadores.
“Así, por ejemplo, para fundamentar una supuesta infracción a mis deberes, los acusadores citan el informe nacional de homicidios consumados del periodo 2018-2022. Como es de público conocimiento, asumí el cargo de Ministra del Interior y Seguridad Pública recién en septiembre de 2022”, apunta la contestación.
Al mismo tiempo en su respuesta Tohá sostiene que se invoca “erróneamente” la causal de infracción a la Constitución o las leyes, comentando que “el libelo acusatorio resulta completamente insuficiente para su configuración”.
Misma situación es planteada respecto a otras causales, como lo es el haber comprometido gravemente la seguridad de la nación.
En total, son ocho los argumentos expresados para apelar a la cuestión previa, instancia en que la Sala de la Cámara dirime si es atendible siquiera la acusación en cuestión. De ser rechazada, se revisan los argumentos de ambas partes, pero si es aprobada se entenderá como no presentada la acusación.
En la segunda mitad del documento la ministra presenta sus descargos, donde da cuenta de la evolución del estado del orden público y de la seguridad pública, así como también sobre la situación migratoria y su gestión respecto a estas materias.
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