El Gobierno ha respondido a la controversia que se ha generado nuevamente en torno a la entrega de pensiones de gracia a víctimas de la represión durante el estallido social, especialmente a aquellos con antecedentes penales, confirmando la intención de promover una nueva ley para regular este beneficio.
La polémica resurgió luego de que se conociera que Andrés Fuica Fuica, condenado por saquear un supermercado en octubre de 2019, es uno de los beneficiarios de las 418 personas compensadas por hechos de violencia cometidos por agentes del Estado.
De estas compensaciones, 148 aprobadas en el mandato de Sebastián Piñera y 270 en la administración de Gabriel Boric.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que del total de beneficiados desde el 2022, cerca de 40 han sido condenados por distintos delitos, alguno de estos cometidos durante el estallido social.
Asimismo, reiteró que tanto el Gobierno anterior como el actual respetaron lo establecido en la glosa presupuestaria, que no exigía revisar antecedentes penales para la entrega de pensiones de gracia.
No obstante, la autoridad reconoció las falencias del procedimiento y aboga por la revisión de antecedentes penales como medida razonable y necesaria.
En tanto, el Gobierno proyecta ingresar indicaciones para hacer obligatoria la revisión de antecedentes de los solicitantes y establecer un mecanismo para revocar la pensión en caso de condena por un delito. Esta medida busca atender las críticas surgidas en septiembre, cuando se revelaron cifras de beneficiarios con antecedentes penales.
La comisión investigadora, que indaga la entrega del beneficio, presentó tres proyectos de ley para limitar la concesión de pensiones a personas con antecedentes penales, promoviendo transparencia en el proceso.
El Ejecutivo planea introducir indicaciones adicionales para facultar a la autoridad política a revocar el beneficio en casos justificados, una medida que hasta ahora no está contemplada en la legislación vigente.
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