El presidente Donald Trump en su segundo mandato enfrenta varios fallos judiciales por también varios delitos. El expresidente Bolsonaro en Brasil está enfrentando lo mismo.
El dictador venezolano Nicolás Maduro está siendo investigado sobre posibles vinculaciones con el narcotráfico. En Chile, los casos convenios que afectan municipalidades dirigidas por personas de distintas ideologías ya es noticia estable.
¿Qué pasa cuando el infractor es la autoridad? Primero, la confianza en las instituciones sufre un golpe muy severo cuando quienes ostentan el poder supuestamente para servir el bien común y se ven envueltos en actos delictivos, la percepción de corrupción se extiende a todo el aparato estatal y esa es culpa de ellos.
La ciudadanía comienza a dudar de la integridad no solo de los gobernantes, sino también de los mecanismos que permiten su ascenso y permanencia en el poder.
Segundo, el tejido social se crispa peligrosamente. La división entre aquellos que apoyan o justifican al gobernante corrupto y quienes exigen justicia puede profundizarse.
Lo estamos viendo en Venezuela ahora. En resumen, cuando un gobernante cae preso por delitos comunes, la ciudadanía no solamente pierde un líder o una lideresa, no, sino también pierde una parte crucial de su confianza en el sistema.
Ese daño puede ser mucho peor que el simple rapiñeo propio de algunos gobernantes inmorales.
#CNNChileRadio | Cuestión de opinión de @FernandoPaulsen: “Cuando quienes ostentan el poder, presuntamente por el bien común, se ven envueltos en corrupción, la percepción de corrupción se extiende a todo el Estado”.
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— CNN Chile (@CNNChile) January 17, 2025
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