Este martes, el pleno de ministros del Tribunal Constitucional (TC) terminó la revisión y análisis del proyecto de ley sobre delitos económicos y medioambientales, decretando que no hay normas que contravengan la Constitución.
Seis ministros se inclinaron por declararla constitucional, siempre que se entendiera que las universidades estatales no estaban incluidas en la norma que sanciona a los entes con la disolución, mientras que dos magistrados la declararon inconstitucional.
Tras esta decisión, la iniciativa ahora quedó lista para ser promulgada oficialmente como ley, entrando en vigencia en los mismos términos en que fue despachada desde el Congreso tras el veto que introdujo el Gobierno.
Ninguno de los téngase presente expuestos al TC, tanto desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) como de senadores y diputados, se incluyeron en el control de constitucionalidad, pero fueron agregados al expediente.
Ahora el tribunal tiene 30 días para sistematizar su decisión favorable, con la posibilidad de extenderlo otros 15 días. Según La Tercera, fuentes familiarizadas con la institución señalaron que es probable que la sentencia se conozca el próximo martes.
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